Centro penal de Villa Consuelo rehabilita jóvenes atrapadas en el delito por ignorar consejos

El centro de Villa Consuelo fue fundado en el año 1957, con el nombre de Instituto de Señoritas. Es el único en el país que aloja muchachas en conflicto con la ley. Están recluidas 42, la mayoría por droga, homicidio y robo agravado.

 

Santo Domingo.- “Caí por no llevarme de consejos”, reflexiona una muchacha de 16 años que lleva un año y un mes privada de libertad en el centro femenino de adolescentes en conflicto con la ley, ubicado en el sector Villa Consuelo, del Distrito Nacional.

 

Oriunda de un barrio de Moca, fue condenada a cinco años de prisión al ser acusada de cómplice en un homicidio. Procede de una familia disfuncional, pues fue criada por su padre en el hogar de sus abuelos paternos, ya que su madre se separó de su padre y emigró a New York, Estados Unidos, cuando ella tenía pocos meses de nacida.  

 

Su padre tampoco podía dedicarle mucho tiempo, porque,  tal como ella cuenta, trabajaba todo el día fuera del hogar para poder mantenerla a ella y a sus cuatro hermanos.

 

Sus padres y abuelos vivían orientándola para que no se deje influenciar de  amigos que andaban por malos pasos.

 

“Yo crecí en la calle, andaba para arriba y para abajo. Cuando salía de la escuela me iba andar con mis amigos y llegaba hasta a las ocho de la noche”, relata la adolescente, cuyo nombre se omite por ser menor.  

 

En el nivel primario fue una estudiante meritoria, pero su dedicación cambió en el bachillerato, donde bajó las calificaciones. Se casó a los 15 años de edad con un muchacho con el que mantenía un noviazgo desde los 11 años,  que la superaba con tres, y el que precisamente fue acusado de ser el autor material del homicidio que la llevó a prisión como cómplice.  

 

“Mis padres me decían que me quedara en mi casa, que no me casara tan joven”, recuerda.  Y a seguidas medita: “Esto me pasó por no llevarme de esos consejos”.

 

 Piensa concluir el bachillerato, para lo cual le faltan dos  años, para luego matricularse en la universidad a estudiar medicina.  

 

No abunda mucho sobre el delito del que está acusada, pues dice que todo pasó tan rápido que no se dio cuenta realmente cómo sucedió.

 

Pero cuenta que ese día salió con su pareja a la ciudad de Moca a comprar un carbón, y que mientras ella estaba dentro del negocio, chateando por el teléfono con su mamá, ocurrió un incidente fuera con su marido, pero que cuando ella salió solo vio que la víctima estaba ensangrentada.  Ahí llegó la policía y los apresó.  

 

Desoyó las orientaciones
“Fue por mi desobediencia”. Esa es la razón que da otra  adolescente, de 17 años, que también guarda prisión desde hace un año y siete meses, por homicidio. Recibió una sanción de tres años de prisión, pues según precisa, fue en legítima defensa.

 

 Nativa de Santiago, se ha criado solo con su madre, pues su padre vive en Estados Unidos. Su mamá, ama de casa que ha tenido que ocuparse del cuidado de ella y de sus otros seis hermanos, con el apoyo  económico del esposo.  “Mis padres me dieron muchos consejos, y yo no me llevé”,  reconoce. Está acusada de dar muerte a su pareja, con el que tenía, cuando ocurrió el hecho, cuatro meses de casada. Con él duró cinco años de noviazgo.  

 

Apenas tenía 15 años cuando se juntó, con una persona que exhibía  conducta agresiva, porque estaba involucrado en el tráfico y consumo de drogas, lo cual lo llevaba a maltratarla. “Mi papá nunca me lo aceptó, porque él era más de la calle”, dice. Hace una pausa cuando se le pregunta cómo ocurrió el hecho. Y luego se limita a expresar que fue en  legítima defensa. Lamenta que no dialogaba con su familia, pues ahora comprende la importancia de la comunicación en el hogar.   Afirma que ha cambiado mucho, que tiene más confianza en  su familia y que ha aprendido a valorar las orientaciones de sus padres.

 

Pasó ahora al cuarto de bachillerato y aspira estudiar medicina.

 

Otra joven, que ya cumplió la mayoría de edad,  se dejó influenciar por “malas coyuntas”, aunque se crió junto con ambos padres, con formación religiosa.  Su madre es una maestra. “Tuve una buena educación, pero uno a veces falla”, comenta.  La tercera de seis hermanos, procede de la provincia Santo Domingo. Lleva recluida dos años y 11 meses cumpliendo una sanción de tres años, por homicidio. Concluyó el  bachillerato en el centro este año y quiere estudiar enfermería. La privación de libertad le ha dado una lección: “Uno resbala, pero puede levantarse”, dice. Expresa que fue la primera vez que incurrió en un delito. Enfatiza que ha aprendido a conocer más las personas.  

 

UN PROGRAMA DE TERAPIAS OCUPACIONALES
La jueza Adalgiza Castillo, de Ejecución de la Sanción Penal de la Persona Adolescente, consideró que la incursión de menores en delito es un problema de falta de oportunidades, especialmente en los barrios marginados, porque no se crean las condiciones para que esos muchachos se puedan desarrollar.

 

“El sector de niñez y adolescencia está desprotegido. El Estado le proporciona tan pocas oportunidades que el ocio los lleva a tomar decisiones desacertadas”, expresó.

 

Observó que las muchachas en esos barrios suelen involucrarse en relaciones sexuales a temprana edad y a desertar de la escuela. Considera que el Estado no está creando las condiciones para que ese adolescente pueda tener una forma de vida diferente.

 

“Mientras a ese adolescente el centro no le garantice las condiciones para tener una viga digna durante su permanencia allí le estamos vulnerando sus derechos”, afirmó. Precisa que proceden de barrios pobres, donde los adultos se aprovechan de la vulnerabilidad de los menores.

 

Puntualiza que hay muchachas que tienen problemas profundos, porque los padres no han estado presentes en sus vidas.

 

Cree que los adultos privados de libertad tienen más oportunidades de reinserción social que los menores.

 

“Hay muchachas que solo necesitan que se les una oportunidad”, manifestó.

 

Pero, apunta que los primeros rechazos provienen de la misma familia, por lo cual indica que lo importantes de los programas de reinserción es el trabajo con los parientes. Aconseja que cambien de domicilio cuando obtienen su libertad, porque entiende que en los barrios las estigmatizan. Castillo lleva dos años y medio en esas funciones, y se ocupa de dar seguimiento a la sanción que se le impone a una adolescente y de supervisar los centros de privación de libertad, teniendo a su cargo actualmente el centro de Villa Consuelo, que es femenino, y el de Cristo Rey, que es masculino y para preventivos, aunque allí permanecen algunos que ya están condenados.

 

Ha hecho contacto con diversas instituciones, a fin de desarrollar en el centro de Villa Consuelo un programa de terapias ocupacionales, lo cual realiza con el apoyo de la Procuraduría General de la República, que es la responsable de la administración de los recintos.

 

Como parte de esa iniciativa, que incluye además el remozamiento de los centros, ha recibido apoyo del INFOTEP, de los ministerios de Agricultura, de Deporte y de Obras Públicas. También, han logrado que el Ministerio de Educación les asigne profesores, para garantizar la continuación de sus estudios.

 

Por primera vez, en el 2014, se realizó el primer compartir navideño, que integró a los muchachos y muchachas alojadas en el centro de Villa Consuelo y de Cristo Rey, al igual que a sus familiares. En el 2016, también, los menores tuvieron la oportunidad de ser llevadas a un club social de recreación.

 

Por: Wanda Méndez

para El Hoy

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